¿Qué sigue tras el veto a la Ley de Identidad de Género en Querétaro?

Con el veto ejecutado por el Poder Ejecutivo, la ley indica que tiene que regresarse la legislación al Congreso estatal para un nuevo análisis

Con el veto a la Ley de Identidad de Género por parte del Gobernador, la legislación no queda olvidada, ya que tiene que cursar un nuevo proceso, el cual te comentamos a continuación.

Cuando se aprobó la ley en el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo tenía la obligación de revisarla para decidir su publicación o su veto, como parte del procedimiento establecido en la Constitución de Querétaro.

Al darse el veto a la legislación aprobada, la Ley tendrá que volver al Poder Legislativo para revisar las observaciones que haga el Ejecutivo estatal.

“El Gobernador tiene hasta el 3 de junio para que deposite a este Poder Legislativo sus observaciones. Y una vez que llegan, la Mesa Directiva tiene siete días para designar qué comisión se van a discutir esas observaciones y hacer un dictamen”, señaló Sinuhé Piedragil Ortiz, presidente del Congreso estatal.

Para que la ley sea promulgada a pesar de las observaciones del Gobernador, los diputados locales requerirían alcanzar una mayoría calificada, que equivale a obtener las dos terceras partes de los votos, es decir, 17 votos. Si no se alcanzan los votos necesarios, el proyecto se congela o debe volver a presentarse.

Por otro lado, se puede generar una impugnación legal, donde diferentes colectivos y organizaciones civiles afines a la legislación aprobada (ahora vetada) buscan interponer amparos o acciones legales similares a las aplicadas en otros estados. Esto se fundamenta en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los cuales establecen que el trámite de identidad de género es un derecho humano y debe ser de carácter administrativo.

Cabe señalar que, en la pasada votación del dictamen en sesión del Pleno del Congreso estatal, la iniciativa se aprobó mediante mayoría simple, con 16 votos a favor. Por ello, ahora será necesario convencer al menos a un legislador más para alcanzar la mayoría calificada; de lo contrario, el proyecto quedará congelado o tendrá que reiniciar el proceso legislativo.